Según la doctrina de los frutos del árbol envenenado, las pruebas obtenidas ilegalmente por haber conculcado derechos fundamentales son inválidas y todo lo que se hubiera avanzado a través de ellas debe ser declarado nulo. El tribunal se tomará unos días tras la sesión del miércoles para decidir si declara nulas las pruebas relacionadas con el espionaje a los periodistas. Es probable, según indican fuentes jurídicas, que los magistrados permitan celebrar el juicio íntegramente y declararlo nulo al final.
El papel del fiscal Carrau
El abogado de Penalva y Subirán, Javier Barinaga, ha expuesto más de diez cuestiones previas, pidiendo no sólo la nulidad sino la admisión de pruebas fundamentales, como que se aporte el intercambio de correos entre el fiscal Carrau y los policías que iniciaron esta causa.
«El fiscal Carrau juega un papel muy importante en esta causa. Intervino en varias de las coacciones que se nos imputan. De hecho, en una entrevista, Bartolomé Sbert [mano derecha de Bartolmé Cursach], tras su absolución, señaló que Carrau le dijo: «Más vale que colabores porque te van a caer muchos años». ¿Por qué no se le imputa también a Carrau y no solo a mis clientes?», ha preguntado Barinaga.
El motivo es «porque Carrau se autoexcluyó de la causa pero la siguió dirigiendo desde atrás — ha dicho este letrado–. Y además actuó paralelamente estando imputado en el caso de los móviles de los periodistas». Según el abogado, «se ha vulnerado el derecho a un juez imparcial», en alusión a que se habrían predeterminado el juez y el fiscal de la causa contra Penalva y Subirán.
Barinaga ha incidido en que esta causa contra los agentes de blanqueo tuvo que llevarse a cabo por la unidad de Asuntos Internos de la Policía y no por la cúpula policial de Illes Balears y ha llamado la atención sobre la coincidencia de que la investigación contra Penalva y Subirán se inició en el mismo momento en el que apuntaban a las conexiones de dicha cúpula policial con el caso Cursach.
Era esencial que la Policía balear investigara a sus propios compañeros de la Unidad de Blanqueo, en vez de Asuntos Internos «porque así pudieron someter a un régimen de terror» a los agentes, como a Iván Bandera y pudieron decidir quién tenía que instruir la causa, según este abogado.
Los letrados de la defensa han incidido en la contaminación de la causa por la instrucción paralela de la Policía. Esto es muy importante de cara a comprender los inicios de una investigación que ha tenido como resultado la petición de 121 años de prisión para el fiscal Subirán y 118 para el juez Penalva.
Minutos de oscuridad en la detención de un agente
Así ha expuesto el abogado Javier Barinaga la detención del agente acusado Iván Bandera: «Fue detenido el 18 de diciembre de 2018, en plena Navidad, cuando iba a ser padre por primera vez. Le son leídos sus derechos sin asistencia letrada. Declara durante 21 minutos, son 21 minutos de oscuridad, bajo una jerarquía, porque él es un agente raso de fuera de Mallorca».
«Tú sabrás lo que haces, o nos das el móvil o bajas a calabozo. Esto lo arreglamos con Carrau, nos va a dar la orden», consta en la declaración del agente Bandera.
Pese a constar en el acta de detención que Iván Bandera entregó voluntariamente su móvil y que más tarde, ya con su abogado presente, se trasladó a su casa e hizo entrega de otros dispositivos, Pedro Horrach, fiscal Anticorrupción del caso Nóos, ahora ejerciente como abogado y que representa al acusado Miguel Ángel Blanco, duda de esa voluntariedad. «El consentimiento estuvo viciado».
El exfiscal Horrach, letrado de un acusado
Ni fue una decisión espontánea ni fue una confesión, según Horrach, ni Bandera accedió a que se volcara su contenido ni a que se recuperan los archivos borrados, mediante técnicas de peritaje. Todo eso se hizo sin orden judicial, ha resaltado.
José Luis García Reguera, jefe del grupo de Blanqueo que investigó a las órdenes de Penalva, también fue detenido el 18 de diciembre de 2018. «Fueron detenidos solo en base al listado de llamadas de los periodistas. No había más pruebas», ha resaltado Horrach, calificando de «falacia» lo que sostuvieron Florit y Carrau de que existían «otras pruebas».
Juan Ignacio Fuster Fabra, abogado de la policía Blanca Ruiz, ha expuesto que el teléfono de esta agente fue incautado el 2 de abril de 2019 en Madrid, pero no fue precintado hasta ocho horas después, ya en Palma. «Pudieron hacer con él lo que quisieron», dice el letrado, apuntando a «eventuales manipulaciones» de esta prueba.
Fuster Fabra, al igual que Barinaga, sostienen dudas sobre la cadena de custodia de los móviles de los agentes. «¿Dónde está el acta de precinto del móvil de Bandera?», ha dicho el letrado del juez Penalva.
